La publicación en el BOE de 21 de
noviembre de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses,
Entendemos que se pretende es que el ciudadano se amedrente y no acuda a dicha
Administración. Es decir, que para hacerla más competitiva les dificulta
el acceso a dicho servicio a los ciudadanos, creando una justicia
inaccesible para una gran parte de la sociedad
Sin olvidar los importantes perjuicios que ocasiona a los
empleados públicos a la hora de defender sus derechos laborales en la jurisdicción
Contencioso-Administrativa, discriminandonos respecto al resto de los trabajadores, al derogar el
Apartado 3 del Artículo 23 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establecía la posibilidad
de que el Funcionario Publico se representara así mismo, en Juicios en
materia de personal,
Por
lo que a partir de ahora, para presentar demanda o para oponernos a la
misma, en materia de Personal, será necesario utilizar Procurador y Abogado. Añadir que si se pierde,
tendremos también que pagar las Costas de la contraparte (los honorarios de su Procurador y Abogado). Todo ello bajo el pretexto del gobierno , que la práctica demuestra como esa falta
de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un
desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz, además de la cuantía de la tasa en segunda instancia y casación es sensiblemente superior para los funcionarios, sólo se nos exime de pagar tasas cuando como funcionarios (a título individual si nos cobran), realicemos reclamaciones en materia de personal.
Desde ASP no entendemos que desde el Gobierno se esté ¨vendiendo¨ y mal informando a los españoles respecto a que las reformas van encaminadas a igualar los derechos (o privilegios según la CASTA gobernante) de los empleados públicos y funcionarios, al resto de los trabajadores, cuando nos perjudica más que al resto de los trabajadores.
Desde Alternativa Sindical de Policía en Asturias,
no estamos de acuerdo con este planteamiento, creemos en la
Administración de Justicia como un pilar fundamental de cualquier Estado Social y
Democrático de Derecho.
artículo 14 –igualdad de
todos los ciudadanos ante la ley- y 24 –derecho a la tutela judicial
efectiva – de la C. E.
Comité Provincial Asturias
